El Gobierno nacional publicó el decreto con el que se vetó el proyecto de Ley de financiamiento universitario (Nº 27.757), aprobada por el Congreso el pasado 12 de septiembre de 2024. En su primer artículo, se establece el rechazo total al proyecto, mientras que en el segundo se dispone su devolución a la Casa de las Leyes.

Esto ocurrió apenas unas horas después de que se produjera una masiva marcha en diferentes puntos del país. En Mendoza, la movilización contó con más de 30 mil participantes.

Según el Ejecutivo, el veto se justifica porque la ley “viola el marco jurídico vigente“, ya que no contempla el impacto fiscal ni especifica una fuente de financiamiento, algo que exige la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Además, el Gobierno recordó que el reglamento de la Cámara de Senadores establece en su artículo 126 que todo proyecto que implique gastos debe detallar su estimación y señalar de dónde provendrán los fondos.

Este veto ya había sido adelantado por la oficina presidencial en la red social X, donde se afirmó: “El presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público para las Universidades Nacionales aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no considere una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.

El comunicado también criticó duramente a los legisladores que promovieron el proyecto, instándolos a actuar con mayor responsabilidad fiscal y afirmando que “el debate sobre el financiamiento de las universidades debe realizarse en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2025”.