El Gobierno nacional declaró a Aerolineas Argentinas como una empresa “sujeta a privatización” en un duro contexto de conflicto con los gremios aeronáuticos, que exigen mejoras salariales.

El presidente Javier Milei firmó el decreto 873/24, publicado esta noche, que establece el primer paso hacia la privatización de la empresa estatal. Según lo estipulado, el Gobierno deberá notificar al Congreso de la Nación, que será el encargado de dar el visto bueno o rechazar el proceso.

El Ejecutivo se ampara en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, para justificar su decisión de desprenderse de la cabecera de bandera, una medida que ya había intentado anteriormente, con resultados fallidos, la gestión de la española Marsans

De esta forma, Aerolíneas Argentinas vuelve a estar en la mira de la privatización, después de haber sido excluida de la lista de empresas a ser vendidas en la Ley Bases, en un contexto de intensas protestas y huelgas lideradas por los sindicatos del sector.

El Gobierno argumenta que el Tesoro Nacional “no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA”, según se explica el decreto.

La administración de Milei sostiene que el proceso de privatización permitirá que la compañía opere “en condiciones de mercado“, lo que garantizaría, según su perspectiva, una “mejor prestación del servicio“, además de aliviar las arcas públicas y evitar que los ciudadanos sigan financiando “el déficit de una compañía ineficiente“.

Asimismo, el Gobierno plantea que los recursos fiscales, actualmente limitados, deben dirigirse a atender “las necesidades de los que menos tienen”, especialmente en un escenario donde “la pobreza alcanza al CINCUENTA Y DOS COMA NUEVE POR CIENTO (52,9 %) de la población y la indigencia al DIECIOCHO COMA UNO POR CENTO (18,1 %)”.

Con la publicación del decreto, el oficialismo se adelanta a dos iniciativas presentadas previamente por la oposición. La primera, del diputado Hernán Lombardi (PRO), también proponía declarar a Aerolíneas “sujeta a privatización” bajo los términos de la Ley 23.696.

La segunda, impulsada por Juan Manuel López (Coalición Cívica), establece que cualquier privatización debe respetar tanto esa ley como la Ley 27.742, que regula las condiciones para los procesos de privatización en el país.