El gobernador Alfredo Cornejo firmó un decreto que pone fin a un largo conflicto administrativo entre la empresa distribuidora de energía Edemsa y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza (conocida como Caja Forense). La resolución desestima el recurso de la compañía y ratifica la validez de una deuda millonaria por aportes judiciales impagos.

La controversia se originó a partir de una causa judicial, donde se ordenó a la empresa a pagar una suma millonaria. La Caja Forense, a través de una inspectora, detectó que Edemsa había retirado parte de los fondos del expediente sin haber abonado los aportes obligatorios correspondientes a los abogados.

Años después del pago parcial, la Caja Forense emitió una serie de boletas de deuda por un total de más de 1,3 millones de pesos (actualizado con intereses) argumentando que el primer pago no había sido íntegro, ya que se basó en una liquidación judicial que no contempló los intereses devengados desde el momento en que la sentencia quedó firme.

Por su parte, la distribuidora eléctrica impugnó estas boletas de deuda y alegó que el pago inicial, realizado conforme a la liquidación judicial, era “cancelatorio y liberatorio“. La empresa sostuvo que la Caja Forense no era parte en el proceso judicial y, por lo tanto, no podía cuestionar la liquidación aprobada por el tribunal.

Sin embargo, el decreto del Poder Ejecutivo provincial fue contundente en sus consideraciones. Señaló que la Caja Forense es un ente autárquico con facultades para auditar y reclamar los aportes adeudados, y que la liquidación judicial no era “vinculante” para la entidad.

En este sentido, la resolución del gobierno concluyó que la obligación de Edemsa de pagar los aportes se hizo exigible en el momento en que la sentencia de la causa quedó firme, y que la empresa incurrió en mora al no abonar los intereses correspondientes.

El decreto rechaza la “denuncia de ilegitimidad” presentada por EDEMSA, dando por agotada la instancia administrativa. No obstante, le informa a la empresa que aún le queda la opción de impugnar la decisión en sede judicial a través de una “acción procesal administrativa”.

Este caso subraya la importancia del control de los entes públicos no estatales, como la Caja Forense, por parte del Poder Ejecutivo. La resolución sienta un precedente al confirmar la facultad de estas entidades para reclamar deudas por aportes profesionales, incluso si no han intervenido directamente en el proceso judicial original.