La Argentina solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que reconsidere su orden de entregar conversaciones privadas y otros registros de comunicación del ministro de Economía, Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa y otros funcionarios actuales y anteriores.

El planteo se enmarca en el juicio por la expropiación de YPF, donde el país enfrenta una posible condena por USD 16.100 millones, impulsada por fondos como Burford Capital. Preska había avalado el pedido de los demandantes para acceder a chats de WhatsApp y documentos confidenciales como parte del proceso de recolección de pruebas.

En su respuesta, el Gobierno argentino argumentó que no puede cumplir con la orden ya que no tiene en su poder los dispositivos personales de los funcionarios, dado que no pertenecen al Estado. También advirtió sobre el carácter inédito de la medida.

La Procuración del Tesoro había anticipado que estaba evaluando los pasos a seguir y calificó la decisión de Preska como un “discovery sin precedentes”. Ahora, busca frenar lo que considera una intromisión injustificada en la privacidad de altos cargos políticos, tanto de la actual administración como de la gestión anterior.