La diputada provincial Sol Salinas presentó un proyecto de ley para combatir las falsas denuncias. La legisladora del PRO impulsa una modificación al Código Procesal Penal de Mendoza con el objetivo de prevenir las acusaciones falaces de delitos y que la Justicia accione ante los responsables de realizar denuncias infundadas.

 

La iniciativa fue presentada por Salinas esta semana en la Cámara de Diputados de Mendoza y propone tres herramientas centrales para contrarrestar esta problemática que está en el foco de la opinión pública.

 

Por un lado, el proyecto plantea introducir una advertencia legal al momento de formular la denuncia penal, respecto a las consecuencias de realizar una denuncia falsa. En tanto, también establece la obligación judicial de remitir compulsas al Ministerio Público Fiscal cuando, tras el dictado de un sobreseimiento o una sentencia absolutoria, surjan elementos que permitan presumir que la denuncia fue dolosamente falsa. Y además, incorpora el derecho de la persona sobreseída o absuelta a requerir por sí misma la remisión de la compulsa, en caso de que el juez o tribunal no lo hubieran hecho dentro del plazo previsto.

 

La diputada Salinas explicó que “es muy difícil desde la provincia plantear una solución porque nosotros no podemos modificar el Código Penal para agravar la pena de denuncia falsa”. Actualmente, el articulo 245 del Código plantea una pena de prisión de dos meses a un año o una multa para quien denuncie falsamente un delito.

 

En este sentido, la legisladora del PRO sostuvo que “planteamos la creación de la compulsa penal en casos que se acredite el sobreseimiento del imputado. Si bien el Código Procesal Penal tiene esa competencia, no hay una obligatoriedad del fiscal crear una compulsa penal”.

 

Sol Salinas, diputada provincial del PRO Foto: X @solsalinasG1

 

En sus fundamentos, la propuesta plantea que existe una problemática creciente que consiste en la utilización del proceso penal como herramienta de daño ilegítimo, mediante denuncias que, una vez agotada la actividad jurisdiccional, resultan manifiestamente infundadas, falaces o dolosamente formuladas.

 

A su vez, plantea que tiene diversas motivaciones como por ejemplo: conflictos familiares o patrimoniales, disputas laborales, rupturas sentimentales traumáticas, intentos de obtener ventajas procesales en otros fueros (como el civil o el de familia), represalias personales, disputas por la tenencia de hijos, u operaciones de desprestigio en contextos políticos, empresariales o comunitarios.

 

Las consecuencias de estos casos son que personas inocentes pueden sufrir prisión preventiva, pérdida de empleo, estigmatización pública, e incluso daño psicológico severo, a la vez que pone en crisis la legitimidad del proceso penal en su conjunto.

 

Medidas contra las denuncias falsas

 

Una de los cambios en el Código Procesal Penal que propone el proyecto de Sol Salinas es incorporar una advertencia cada vez que se formule una denuncia penal, respecto de las consecuencias legales por formular una denuncia falsa.

 

Asimismo, establece que el juez podrá dictar una compulsa penal por la posible comisión del delito de denuncia falsa cada vez que quede firme el sobreseimiento de un imputado y surjan elementos para presumir que se denunció de forma dolosa. También plantea la posibilidad de una compulsa de oficio cuando haya sentencia absolutoria.

 

A su vez determina que también es factible realizar una compulsa a solicitud de la parte damnificada. La persona sobreseída o absuelta y podrá solicitar al Ministerio Público Fiscal la compulsa penal por denuncia falsa. En este caso, el fiscal deberá expedirse de forma fundada en un plazo máximo de 5 días.

 

Creación del Registro de peritos

 

Por otra parte, la diputada Salinas también presentó un proyecto de ley complementario de esta iniciativa que apunta a la creación de un nuevo régimen de peritos psicológos y psiquiátras que intervengan en causas penales vinculadas a delitos contra la integridad sexual y violencia de género.

 

“Hay pericias totalmente iguales”, manifestó la legisladora y explicó que la iniciativa se basa en las críticas que tiene el funcionamiento del E.De.A.A.S. (Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales), que depende del Ministerio Público Fiscal.

 

El edificio del MPF, ubicado en el Polo Judicial Penal de Ciudad. 

 

“Es el cuerpo de peritos profesionales psicólogos que toman la declaración del denunciante de un presunto delito. Por preservarse ellos, copian y pegan las pericias y automáticamente esa pasa a ser una prueba contundente para imputar o encarcelar al presunto acusado”, sostuvo la autora del proyecto.

 

Ante este escenario, propone la creación de un registro para que pueda acceder cualquier profesional de la salud mental y apunta a que “sea transparente, que no sean empleados del MPF y que pase como en la Justicia Federal que cada vez que entra un caso se hace un sorteo de profesionales”.

 

En concreto, la iniciativa propone la creación de un Registro Especial de Peritos Psicólogos y Psiquiatras, coordinado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con participación del Ministerio Público Fiscal y del Colegio Profesional correspondiente. La designación de peritos se realizará por sorteo de ternas entre los inscriptos, garantizando objetividad, transparencia y profesionalismo.

 

En tanto, se busca implementar un sistema de guardias pasivas rotativas, bajo regulación de la Suprema Corte, que asegure la disponibilidad permanente de peritos para casos urgentes, especialmente cuando hay personas privadas de la libertad.

 

Además, se establece un régimen de plazos, obligaciones y sanciones, que regule de manera clara los deberes de los peritos designados, los términos de aceptación del cargo, los plazos para dictaminar, y las consecuencias en caso de incumplimiento. Las sanciones prevén desde la suspensión temporaria hasta la exclusión definitiva del registro, así como la pérdida de honorarios.