El gobierno dejará pasar esta semana, y el próximo lunes 11 de agosto decidirá si tomará una decisión extrema: abrir más las importaciones de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo, fundamentalmente productos de limpieza y aseo personal.

 

La medida que evalúa el Poder Ejecutivo dependerá del denominado “pass through”. Esto es, si existe o no traslado a los precios del aumento del dólar de las últimas semanas de julio, cuando el peso se devaluó un 14% frente al dólar.

 

La información que tiene el gobierno, es que desde ayer por la mañana hay una batalla entre los productores locales (casi todas multinacionales o empresas grandes de la Argentina) y las cadenas más importantes de super e hipermercados. Los primeros están enviando listados de incrementos de precios de hacer 12%, con un promedio general de 5%. Los segundos se niegan a aplicar estos incrementos, por dos motivos justificables.

 

El primero, que están vendiendo en crisis, y cualquier incremento en los precios implicaría ventas aún más débiles. El segundo motivo es que los consumidores culparían a los dueños de las góndolas y no a los fabricantes por esos precios, afectando la imagen empresaria de los supermercados.

 

La batalla desatada desde el fin de semana incluye la negativa de exponer productos que tengan un incremento importante, y la amenaza de eliminar del stock a los alimentos, bebidas o artículos de limpieza de los locales; por precios no competitivos y de ocupación de espacio.

 

Según la visión de los supermercadistas, los productos donde más problemas se estarían observando a partir del incremento del dólar son los exportables como aceites, carnes y algunos lácteos. También en los que tienen alto componente importado como café o artículos de limpieza. En este caso, podría haber una negociación algo más amplia. Siempre que en el resto, los incrementos sean menores a la inflación esperada de 1,5% aproximado para junio. Mes donde, por otro lado, no se registró el fenómeno pass through; y el alza promedio del rubro alimentos y bebidas no habría superado el 0,8%. EL dato final se conocerá el 14 de agosto, cuando el INDEC informe el resultado del Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio 2025.

 

En la mira no está, en realidad, el dato de inflación del mes pasado, sino que los hechos cambiarios de la semana pasada no arruinen la verdadera meta económico político electoral para el corto y mediano plazo. Se trata de que el 14 de octubre, 12 días antes de ir a votar la trascendental renovación parcial de Congreso Nacional, se pueda mostrar ante la sociedad una inflación mensual que tenga un cero por delante. Ese día está programada la información sobre la evolución del Indice de Precios al Consumidor correspondiente a septiembre del 2025, el mes que según todos los análisis podría registrarse el nivel más bajo de alza de precios de las últimas décadas.

 

Los cerebros programadores de la estrategia electoral del oficialismo tienen ese dato como el empujón político más importante de cualquier gobierno criollo de los últimos años ante un público electoral acostumbrado a concurrir a las urnas con pesadas inflaciones sobre las espaldas.

 

Todas las encuestas de ocasión le muestran a los estrategas del oficialismo que dos factores son fundamentalmente para sostener las bastante optimistas perspectivas de votación positiva en el acto del 26 de octubre: la seguridad y las calles despejadas de manifestantes y cortadores de circulación, y la baja de precios. El primer segmento político estaría siendo controlado por Patricia Bullrich, que además amenaza con ser candidata. El segundo, el IPC de septiembre con un cero por delante parecía ser una realidad casi palpable o un puente demasiado lejos de conquistar.

 

El alza de los valores de la divisa en la última semana provocaron el retorno de los fantasmas políticos que siempre afectan las chances electorales de cualquier gobierno: que el aumento del precio de la divisa se traslade a los precios generales de la economía. Algo que podría monitorearse desde agosto, y trasladarse hacia septiembre.

 

Según muchos analistas que ya comenzaron a monitorear la situación desde el viernes pasado, la presión del dólar podría provocar no un estallido hacia arriba en el IPC, sino un traslado “donde se pueda”. La muy mala performance anual del consumo masivo hacen imposible un traslado directo y gimnástico del incremento del dólar hacia los precios, sino, más bien, un aumento selectivo.

 

En todo caso, para agosto debería esperarse una repetición de un índice similar al de julio, cercano al 1,5%. El problema, en realidad, es que la suba de la divisa ejecuta una influencia de dos tiempos. Esto es, primero en los precios directos, y segundo sobre los costos de producción de los bienes y la aplicación de servicios.

 

 

En concreto, el alza de la divisa incluiría no sólo en agosto sino, fundamentalmente, en septiembre. Y ahí está el problema político del gobierno. Aunque no haya un pass through importante, una devaluación de dos dígitos inevitablemente traería consigo un alza de 1 punto porcentual en los pecios generales de la economía. Y su influencia directa se vería en septiembre más que en agosto. Luego, en septiembre, la inflación tendría un punto por delante, cuando la estrategia política indicaba que los cañones debían apuntar a lograr que el cero del IPC de ese mes. Una meta que ahora entra en debate.

 

Teniendo en la mira este panorama, es que el gobierno nacional esperará a conocer que sucede en estos días en las góndolas de los supermercados de todo el país para evaluar que tan importante es el alza de los precios. Aun los que seriamente están afectados por un dólar más alto.

 

Consideran dentro del Ministerio de Economía que la suba del tipo de cambio de los últimos días resulta, incluso, un factor positivo en cuanto a la mejora de la competitividad general de la economía real y que si se diera el efecto de un incremento en el precio del dólar, mejorando la situación de muchas empresas industriales, pero sin un traslado importante a precios podría mostrar Javier Milei un éxito que pocos gobiernos pudieron exponer, es decir, una mejora en el tipo de cambio sin alteraciones importantes en el IPC. A lo Brasil, Uruguay y Paraguay, donde la política cambiaria es parte de la política económica general, sin que se afecten los precios globales de la economía.

 

Técnicamente, para el Palacio de Hacienda no habría motivos para que este fenómeno no se de también en la Argentina, salvo la cultura de la especulación con las subas del tipo de cambio. Un efecto que el gobierno de Milei quiere demoler en estos días.

 

En el caso que no se de lo que se espera en los dos edificios de manejo de la economía de la Plaza de Mayo, el gobierno tiene en carpeta una apertura general de importaciones aún más fuerte que la actual. Al tipo del marzo - abril del 2024, cuando muchos productores de alimentos y bebidas grandes del país aplicaron incrementos de cobertura pensando en que el futuro del dólar sería de entre $2.000 y $3.000, obviamente, apostando a una mala performance del gobierno de Javier Milei.

 

Ante esta situación, Luis “Toto” Caputo autorizó la apertura amplia en los precios de los alimentos importados. Una medida que implicó que nuevamente se vieran por las góndolas criollas paquetes de fideos italianos, embutidos alemanes, quesos franceses y daneses y cervezas holandesas y belgas. Como el consumo no reaccionó, muchas de esas importaciones quedaron en los almacenes de los importadores, quienes en general eran los mismos supermercadistas. Ahora podrían volver por la revancha.