Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un nuevo capítulo en su extenso recorrido judicial. Esta vez, el eje del conflicto es su derecho al voto. La Cámara Nacional Electoral (CNE) será la encargada de decidir si la ex presidenta puede sufragar en las próximas elecciones legislativas, luego de que el fiscal federal Julio César Zárate apelara la resolución que la habilitaba a permanecer como electora activa.

El recurso presentado por Zárate impugna el fallo dictado por la jueza federal subrogante Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Gallegos, quien había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 19 inciso 2 del Código Penal, y del artículo 3 inciso “e” del Código Nacional Electoral. Estas disposiciones prohíben votar a las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia firme.

La ex mandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Si bien la condena aún no está firme en términos definitivos, para la jueza Borruto, privarla del derecho a votar implicaría una violación de los estándares constitucionales y de derechos humanos.

“Privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostiene el fallo que benefició a la ex presidenta.

La jueza sostuvo además que la situación de Fernández de Kirchner debía resolverse manteniéndola en el padrón exclusivamente para permitirle votar en su distrito, Santa Cruz.

Ahora, el expediente está en manos de los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, integrantes de la Cámara Nacional Electoral, quienes deberán resolver si la decisión del juzgado de Río Gallegos se ajusta a derecho o si corresponde revocarla y excluir a la ex presidenta del padrón.

La definición no es menor, ya que podría sentar un precedente para futuros casos similares. Además, ocurre en un contexto de fuerte tensión política y judicial, con sectores que acusan a Cristina Kirchner de beneficiarse de interpretaciones jurídicas excepcionales.

El calendario electoral fija que el padrón definitivo debe ser impreso y publicado el 16 de septiembre, cuarenta días antes de los comicios. Luego hay un plazo adicional de diez días para corregir errores u omisiones. En consecuencia, se espera que la Cámara resuelva antes de esa fecha.