El presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de suspender el suministro de GNC en todo el país sin contemplar excepciones para taxis, remises y vehículos que prestan servicios esenciales. “Cortaron el gas a los que menos consumen y más lo necesitan. Fue una decisión mal pensada, mal ejecutada y sin criterio social”, expresó el dirigente.

La medida fue dispuesta por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) como parte de un plan de emergencia por la crisis energética. Sin embargo, según denunció Vadillo, no se estableció ningún protocolo de abastecimiento para garantizar la movilidad mínima en hospitales, terminales, centros de salud y barrios alejados.

“Hoy tenemos pacientes que no pudieron volver de una consulta, adultos mayores que no pueden llegar a una guardia, trabajadores varados y familias caminando kilómetros porque el colectivo no llega. Esto no es solo un problema energético, es una muestra más de un Estado que no conoce a su gente”, advirtió.

Un “ahorro” mínimo con impacto social enorme

Desde el Partido Verde calificaron como “absurdo” que se deje sin GNC a los taxis cuando su consumo representa una fracción ínfima comparado con el de las industrias o las centrales eléctricas. “Eligieron mal dónde ajustar. Cortaron a los más débiles para ahorrar centavos. El resultado está a la vista: estaciones cerradas, taxis fuera de servicio y miles de personas a pie”, señaló Vadillo.

En Mendoza, más del 85 % de la flota de taxis y remises funciona a GNC. “Cortarles la carga es dejar sin transporte a quienes no tienen auto ni tarjeta para pedir un Uber. Es dejar sin opciones a quienes más dependen del sistema público. No puede ser que haya que esperar una tragedia para entenderlo”, sostuvo.

Pedido urgente al ENARGAS y a las provincias

Vadillo exigió que el ENARGAS revise de inmediato la medida y establezca un cupo mínimo garantizado para vehículos que prestan servicios públicos. “Pedimos estaciones con carga prioritaria en zonas críticas como hospitales, terminales y barrios periféricos. El transporte es un derecho, no un privilegio”, reclamó.

También cuestionó la falta de reacción de las provincias: “Es preocupante que los gobiernos provinciales, como el de Mendoza, hayan guardado silencio. No se pidió excepción, no se gestionó nada. ¿Dónde están los que conocen el territorio y saben quiénes necesitan moverse todos los días para sobrevivir?”

Finalmente, Vadillo llamó a revisar el enfoque general de las políticas energéticas y sociales: “El taxi no es un lujo. Es el único medio que tiene una madre para llevar a su hijo a una guardia de noche. Es la herramienta de un abuelo para cobrar la jubilación o ir al médico. Es el plan B que se convierte en plan A cuando el Estado no llega. Un gobierno que no entiende eso, no entiende cómo vive la gente”, concluyó.