Luego de confirmarse el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de pisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, otro de los puntos es que la justicia argentina le da 10 días hábiles para devolver la suma de $84.835.227.378, en el marco de la causa Vialidad.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia dejó firme una de las sanciones económicas más impactantes de la historia judicial argentina, que es la devolución de más de $84.000 millones al Estado Nacional. Claro, según la sentencia, ese dinero fue desviado en una maniobra de corrupción mediante contratos de obra pública adjudicados de manera irregular al empresario Lázaro Báez, en Santa Cruz.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones de la defensa de la ex mandataria y de otros ocho condenados, dejando sin efecto cualquier posibilidad de revisión de la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada en noviembre pasado por la Cámara de Casación Penal.

Este decomiso había sido homologado previamente por la Cámara de Casación y representa el monto que la Justicia determinó como perjuicio directo contra la administración pública tras años de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

Según se supo, este dinero deberá ser reintegrado a las arcas estatales, ya sea mediante bienes, activos o sumas de dinero embargadas y posteriormente liquidadas.

Según se desprende del fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, durante su mandato se instrumentaron decisiones administrativas y decretos presidenciales que facilitaron el desvío de fondos públicos a empresas vinculadas a Lázaro Báez, principal beneficiario del esquema de corrupción.

Los elementos del fallo para ratificar la condena

Entre los puntos clave del fallo se destaca la intervención de Cristina Kirchner a través del Decreto N° 54/2009, que modificó el manejo de fondos del fideicomiso vial y permitió la adjudicación directa y sin control de contratos millonarios. La Justicia determinó que estas modificaciones permitieron la maniobra defraudatoria y que la entonces presidenta estaba al tanto del perjuicio que estas acciones causarían a las finanzas estatales.

El monto del decomiso se calculó en base a las obras públicas adjudicadas de manera irregular, las licitaciones direccionadas y los pagos anticipados a Austral Construcciones y otras empresas controladas por Báez, aún cuando estas presentaban irregularidades y, en muchos casos, abandonaron las obras sin finalizarlas.

La Corte, en su fallo, remarcó que la sentencia se apoyó en pruebas sólidas, que el debido proceso fue respetado y que los argumentos de la defensa no lograron desacreditar la evidencia. También quedó firme la responsabilidad de los demás condenados, incluido Lázaro Báez, y el decomiso millonario que los alcanza a todos como parte del perjuicio calculado.