Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Sector Público Nacional perdió un 14,7% de su dotación laboral en menos de un año y medio. Esto equivale a más de 50 mil despidos, distribuidos entre la administración central, entes descentralizados, empresas públicas y organismos técnicos.

Estado: El peso del recorte

Los datos revelan que el mayor ajuste se produjo en la administración descentralizada, con una reducción de 15.635 empleos. Le siguen las empresas y sociedades del Estado (16.909), la administración centralizada (14.703), la desconcentrada (2.124) y otros entes (1.182). Lejos de ser un reordenamiento aislado, el recorte representa una transformación profunda del aparato estatal y sus funciones estratégicas.

Las empresas públicas, muchas de ellas de carácter estructural, también han sido duramente golpeadas. El Correo Argentino encabeza el ranking con 4.860 despidos. La decisión impacta directamente sobre servicios esenciales como la distribución de documentos oficiales, medicamentos, materiales escolares y la logística electoral.

En Aerolíneas Argentinas se perdieron 1.745 puestos, en un contexto donde también se eliminaron rutas clave para la conectividad federal. AySA, responsable del agua potable en el AMBA, sufrió 1.548 bajas. En el Banco Nación, los 1.517 despidos ocurren mientras se avanza con planes de privatización. Y en el caso de la ex agencia Télam, el 80% de su personal fue desvinculado, lo que significó su vaciamiento operativo y simbólico.

Una oficina del ANSES con carteles denunciando la reducción de la planta del Estado desde la asunción de Javier Milei

Organismos estratégicos, en retroceso

El informe también muestra cómo el ajuste afecta sectores que constituyen pilares del desarrollo nacional. El CONICET, el INTI y el SENASA —instituciones clave para la ciencia, la tecnología, la industria y la seguridad alimentaria— registraron recortes de cientos de profesionales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, perdió casi 3.000 trabajadores, lo que compromete la fiscalización impositiva y aduanera.

En salud, el impacto no es menor. El Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, vieron reducida su dotación en un 39%. Lo mismo ocurrió en la Agencia Nacional de Discapacidad, que perdió un tercio de su planta. La merma de personal en estos organismos significa una pérdida de capacidades que difícilmente puedan recuperarse en el corto plazo.

Porcentaje y profundidad

Mirando el recorte en términos proporcionales, el panorama es aún más crítico. La ex Télam, ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E. lideran la lista con caídas que oscilan entre el 40% y el 80% de su planta. Muchas de estas instituciones cumplían funciones vinculadas a la producción de conocimiento, la comunicación pública, la innovación tecnológica y la distribución educativa.

La eliminación de estas capacidades estatales no es un efecto colateral del ajuste, sino el eje central de una política que redefine el papel del Estado en la economía y en la sociedad. Las áreas más afectadas son aquellas que sostienen derechos sociales, apuntalan la soberanía y promueven el desarrollo de largo plazo.

Una transformación de fondo

Lo que está en marcha, más que un recorte presupuestario, es una reconfiguración del Estado argentino. El informe concluye que los despidos masivos no solo privan de empleo a decenas de miles de personas, sino que debilitan la capacidad del Estado para planificar, fiscalizar, producir, innovar y asistir.

Este repliegue, señalan los autores, tendrá consecuencias que exceden el presente: limitará las respuestas públicas ante futuras crisis, erosionará la cohesión territorial y comprometerá el desarrollo productivo y científico del país.