Despues del sorpresivo aumento del 1% en el precio de las naftas que tuvo lugar este domingo, el Gobierno anuló una resolución que obligaba a las estaciones de servicio a informar el valor del combustible en tiempo real. Esto debía hacerse a través de un sistema estatal y los precios debían quedar reportados dentro de las ocho horas de su modificación.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial a través de una resolución firmada por el titular de la cartera económica. La normativa ahora eliminada había sido implementada por el ex Ministerio de Energía y Minería durante un período de fuerte intervención estatal en la fijación de precios del sector energético.

Según los considerandos de la nueva resolución, la obligación de informar precios representaba una carga operativa y administrativa significativa para las estaciones de servicio, en especial para las más pequeñas. Asimismo, se argumentó que, en un mercado competitivo, los precios deben determinarse por las leyes de la oferta y la demanda, sin interferencia estatal.

“El rol del Estado no debe ser el de controlar ni recopilar precios, sino el de asegurar condiciones de competencia leal”, sostiene el texto oficial. Además, advierte que la centralización de la información podría favorecer conductas anticompetitivas como la cartelización, al alentar la homogeneización de precios entre expendedores.

Desde el Ministerio de Economía se subrayó que, en la actualidad, los consumidores ya cuentan con herramientas digitales como aplicaciones móviles, redes sociales y sitios web para consultar precios en tiempo real, sin necesidad de recurrir a un sistema estatal.

La resolución derogada también contemplaba un canal de denuncias para consumidores que detectaran información falsa o incongruente con los precios exhibidos en los surtidores, herramienta que también queda sin efecto con la nueva normativa.

La decisión se enmarca en el Decreto 70/2023, que promueve un sistema económico basado en la libre competencia, la propiedad privada y la mínima intervención del Estado, así como en los principios establecidos en la Ley 27.742, orientada a fomentar la iniciativa privada y el libre comercio.