El Gobierno nacional oficializó este jueves una nueva postergación parcial en la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que originalmente debían reflejarse plenamente a partir del 1° de junio.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 372/2025 este viernes al mediodía y busca “continuar con el esquema gradual de aumentos dispuesto desde 2024 para atenuar el impacto inflacionario en los precios de los combustibles”.

Según el nuevo decreto, durante el mes de junio de 2025 se aplicará un incremento parcial en los impuestos, mientras que el aumento total, correspondiente a varias actualizaciones trimestrales aún pendientes, se hará efectivo a partir del 1° de julio de 2025.

De esta forma, el precio de los combustibles aumentará menos de lo esperado en junio. Durante mayo, la nafta y el gasoil bajaron durante los primeros días y luego volvieron a subir a mitad de mes. Desde el Gobierno aseguraron que la nueva medida generará un respiro para los consumidores.

Montos parciales para junio

A partir del 1° de junio y hasta el 30 del mismo mes, los aumentos serán los siguientes:

• Nafta sin plomo (hasta y más de 92 RON) y nafta virgen:
  • Impuesto sobre los combustibles líquidos: $13,088 por litro.
  • Impuesto al dióxido de carbono: $0,802 por litro.
• Gasoil:
  • Impuesto sobre los combustibles líquidos: $10,575 por litro.
  • Impuesto con tratamiento diferencial (regiones como la Patagonia y zonas específicas): $5,726 por litro.
  • Impuesto al dióxido de carbono: $1,205 por litro.

El decreto también recuerda que, desde fines de 2023, el Gobierno ha ido postergando los efectos de los aumentos establecidos por ley, cuya actualización trimestral depende del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La acumulación de estos ajustes, que incluyen el último trimestre de 2023 y todos los de 2024, más el primer trimestre de 2025, se hará efectiva en su totalidad recién a partir del 1° de julio de 2025.

El Ejecutivo justificó la decisión como una forma de “continuar con la finalidad perseguida” por los decretos anteriores, que apuntaron a evitar un traslado abrupto de la carga impositiva a los precios al consumidor en un contexto de alta inflación.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Economía Luis Caputo.