El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmaron que el Gobierno avanzará con una nueva fase del programa de estabilización económica, que apunta a incorporar los dólares no declarados en manos de los argentinos al circuito formal sin sanciones ni penalidades fiscales.

La iniciativa, que podría denominarse “Fase IV”, busca transformar el histórico resguardo en divisas fuera del sistema financiero en un motor de crecimiento económico.

Según estimaciones oficiales del Indec, los activos externos líquidos de los argentinos ascienden a USD 246.000 millones, aunque consultoras privadas elevan esa cifra hasta USD 450.000 millones, considerando la informalidad económica acumulada durante las últimas décadas.

Si se suman los depósitos en el exterior e inversiones en cartera, el total de activos externos del sector privado no financiero alcanza casi USD 400.000 millones, una cifra que multiplica por diez las reservas internacionales del Banco Central.

El Gobierno confía en que este nuevo impulso permita duplicar la tasa de generación de empleo, mejorar la productividad y acelerar la reducción de la pobreza, bajo un esquema que, según Caputo, apuesta a “hacer lo opuesto a lo que ya fracasó en el pasado”.

La estrategia oficial contempla un proceso de “dolarización endógena”, es decir, facilitar el ingreso de esos fondos al circuito económico mediante incentivos y sin castigos impositivos. En concreto, se apunta a que esos dólares sirvan para cancelar consumos en pesos con tarjeta de crédito, comprar bienes o invertir en actividades productivas. La medida también podría impactar en la recaudación fiscal y en la creación de empleo.

El director del Banco Central, Federico Furiase, explicó que el objetivo es “darle nafta” a la economía con los dólares guardados, lo que permitiría una baja de impuestos futura y una mayor inversión. Actualmente, la inversión bruta fija en maquinaria y equipos ronda los USD 64.700 millones anuales, por lo que el ingreso de una parte sustancial de esos fondos podría cuadruplicar ese volumen.

Caputo, por su parte, sostuvo que si se logra sostener un crecimiento del PBI del 6% anual, el Estado podría reducir la presión tributaria en 1,5 puntos del producto por año, devolviendo al sector privado hasta USD 420.000 millones en seis años y medio. En un escenario de crecimiento del 8%, esa cifra se elevaría a USD 550.000 millones.