Este martes 13 de mayo, el Gobierno Nacional resolvió suspender de forma temporal las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez laboral, en medio de fuertes cuestionamientos del sector de la discapacidad y de profesionales de todo el país. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1172/2025 publicada en el Boletín Oficial por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y supone la derogación de la Resolución 187/2025, que había establecido el inicio de un proceso de revisión masiva sobre más de un millón de beneficios.

El plan de auditorías había generado un amplio rechazo por parte de centros terapéuticos, organizaciones y personas con discapacidad, que denunciaban procedimientos opacos, falta de comunicación oficial y una lógica de recorte indiscriminado en uno de los sectores más vulnerables del país. Según reconoció el propio organismo, se detectaron “inconsistencias” en los criterios y métodos técnicos utilizados por la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, particularmente en la aplicación del baremo médico que servía como parámetro para las evaluaciones.

La suspensión responde a la necesidad de revisar los estándares aplicados y su adecuación a normativas internacionales. Según indicó la Andis, algunos criterios establecidos previamente no garantizaban el principio de equidad y podían comprometer la protección de derechos esenciales. El Ejecutivo adelantó que planea retomar el control sobre estas prestaciones, pero bajo un nuevo procedimiento que asegure mayor transparencia, legitimidad y alineamiento con estándares internacionales de evaluación. 

Persisten críticas de las organizaciones del sector, las cuales exigen garantías legales, participación en el diseño de las futuras auditorías y el cese de medidas que afectan la continuidad de tratamientos y la estabilidad económica de miles de personas con discapacidad