

Una decisión reciente de varias provincias argentinas podría encarecer el precio de los autos y motos cero kilómetro, dependiendo del lugar en el que se realice la compra.
Gobiernos como los de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Misiones y Formosa comenzaron a trasladar la percepción del impuesto de sellos a las fábricas y concesionarias de vehículos, lo que implicaría un costo adicional para los consumidores finales. Según el distrito, este tributo puede representar entre el 1% y el 3% del valor del vehículo.
El conflicto se desató meses después de que el Ministerio de Justicia de la Nación implementara una serie de reformas destinadas a reducir los costos de patentamiento. Entre ellas, la eliminación del cobro obligatorio de impuestos provinciales y municipales en los Registros del Automotor, y la rebaja del arancel de transferencia al 1%.
La medida, en sintonía con otras decisiones del Ministerio de Economía para eliminar cargos locales en servicios públicos, fue celebrada por el Gobierno nacional como un alivio para los usuarios.
Sin embargo, las provincias reaccionaron buscando mecanismos para seguir percibiendo esos tributos. En el caso de Mendoza, a través de la Resolución General 27/2025, la Administración Tributaria local impuso que los registros seccionales y concesionarias actuaron como agentes de recaudación del impuesto de sellos y del automóvil. A diferencia de otras jurisdicciones, en esta provincia no se incluyen las terminales automotrices como responsables de esta tarea.
“Los encargados de Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y las Concesionarias de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), deberán actuar como agentes de recaudación del Impuesto de Sellos y/o del Impuesto Automotor”, indica la resolución.
Desde el sector automotor cuestionaron la medida por considerarla ineficiente e injusta. “No tiene lógica que las fábricas o concesionarias tengan que cobrar impuestos provinciales. Las terminales no tienen contacto con el usuario final, y si deben asumir esa tarea, lo único que pueden hacer es subir el precio del auto, lo que perjudica directamente al consumidor”, señalan fuentes del sector. Además, remarcaron que la medida contradice el esfuerzo del Gobierno nacional y de la industria por reducir los costos de los vehículos.