El Gobierno provincial autorizó tres importantes transferencias de fondos a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), por un total que supera los $9.700 millones, para los trabajos de ampliación del Metrotranvía de Mendoza, según informó a través de tres decretos publicados en el Boletín Oficial este miércoles.

Los aportes fueron realizados en carácter de capital irrevocable y se destinaron tanto a la ejecución de obras como a la incorporación de tecnología para modernizar el sistema de transporte eléctrico.

La primera transferencia, establecida por el decreto 125 del 29 de enero de 2025, fue por $2.491.414.034. Este monto permitió cancelar el certificado N° 16 correspondiente a la tercera y cuarta etapa de la obra de ampliación del Metrotranvía.

El decreto indica que la financiación se encuentra marcada en la autorización que tiene el Ejecutivo provincial para invertir hasta $29.882 millones en esta obra, según lo establecido en la Ley de Presupuesto 2024 y prorrogado para el ejercicio 2025.

Días después, mediante el decreto 116, se aprobó otro aporte de $1.976.450.271,26 para la contratación e instalación del “Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes”, adjudicado a la empresa Ambiente Smart SA Esta inversión tiene como objetivo dotar a las estaciones del metrotranvía de infraestructura moderna, incluyendo tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios en las paradas.

El parador tendrá molinetes de acceso, cámaras de videovigilancia y sistemas de control de ingreso. El Gobierno explicó que estos elementos permitirán mejorar la trazabilidad del sistema, controlar el ingreso de pasajeros y validar distintos tipos de pasajes, incluidas gratuidades.

La tercera y mayor transferencia fue autorizada por el decreto 580 del 25 de marzo de 2025, por un total de $5.325.116.527. El destino de estos fondos fue la cancelación de los certificados 17 y 17 BIS, también vinculados a las etapas 3 y 4 del proyecto de ampliación.

Las partidas se encuadran dentro de lo dispuesto por la Ley N° 8944, que declaró de interés público provincial el transporte eléctrico, y de la Ley N° 9601, que autoriza inversiones en infraestructura y bienes de capital. Además, todas las operaciones contaron con el respaldo de informes técnicos, autorización de la Tesorería General y la intervención de los ministerios de Hacienda y de Gobierno.