La Secretaría de Energía anunciará en mayo las nuevas tarifas de luz y tarifas de gas que regirán para el período 2025-2030, luego de postergar por un mes la publicación del resultado de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ). La suba, según fuentes oficiales, será real y superior a la inflación, aunque se aplicará de manera gradual y en cuotas.

Los entes reguladores, ENRE (electricidad) y ENARGAS (gas), deben entregar sus respectivos informes técnicos, que definen los aumentos autorizados a las distribuidoras de energía. Durante las audiencias públicas, las empresas presentaron sus planes de inversión y los montos que consideran necesarios para ejecutarlos. Los organismos reguladores tomarán esos datos y harán su propia evaluación tarifaria.

Desde el Poder Ejecutivo enfatizan que esta vez la revisión tarifaria se implementará. “Ya hubo varias revisiones que no se cumplieron. Eso no queremos que pase”, señalan desde el entorno oficial.

Las nuevas tarifas regirán desde el 1° de mayo y estarán por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según se anticipó, los incrementos reales serán controlados y progresivos, para evitar un impacto brusco en el bolsillo de los usuarios.

En cuanto a las obras, el Gobierno apunta a mejorar la infraestructura eléctrica, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque enfrenta trabas regulatorias que, según explican, dificultan la recuperación de inversiones. Por ello, también se trabaja en modificaciones normativas para el transporte eléctrico, cuyas capacidades se ven superadas por el crecimiento del consumo energético, generando cuellos de botella.

Asimismo, avanza un proyecto para incorporar baterías de almacenamiento de electricidad, pensado especialmente para el verano. Este plan requiere también cambios regulatorios, y se espera que las distribuidoras cumplan un rol clave.

Por otro lado, los subsidios energéticos siguen en descenso. En 2024 representaron cerca del 1% del PBI, y la previsión oficial para 2025 es que bajen al 0,6% del PBI. El Gobierno nacional ya reubicó a miles de hogares sin información en la categoría N1, donde no se reciben subvenciones. A pesar de ello, reconocen que aún faltan ajustes y que se necesita más información socioeconómica para afinar el sistema.

En paralelo, la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, participó de la inauguración de la expansión del oleoducto Oldelval, una obra de u$s 1400 millones. La funcionaria afirmó que la baja reciente de los precios del crudo “no afectará los planes de las petroleras, que están mirando el largo plazo”.

Además, el Banco Mundial otorgó un crédito de u$s 1000 millones para reforzar las tarifas sociales, destinadas a proteger el acceso a los servicios por parte de los sectores vulnerables.

Con esta combinación de aumentos tarifarios, ajustes en los subsidios y obras de infraestructura, el Gobierno argentino busca reorganizar el esquema energético con una mirada de mediano y largo plazo, sosteniendo la inversión privada y ordenando las cuentas públicas.